En la tercera jornada del juicio contra la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez, se produjo la reaparición pública del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, quien se presentó en el Poder Judicial para declarar como testigo a favor de la defensa.
Lejos de la movilización masiva que auguraban para recibirlo, el exmandatario llegó acompañado por su hija, María Luz Rodríguez Saá, y por un puñado de dirigentes que actualmente continúan referenciándose políticamente con él. Su presencia se convirtió en el principal foco de atención de la tercera jornada del proceso judicial, que lo tiene por el momento sentado en el banquillo de testigo en defensa de su exfuncionaria.
Ramírez enfrenta el juicio acusada de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por estos delitos, la fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Durante las primeras audiencias, distintos testigos describieron el funcionamiento del circuito administrativo de pagos del Ente Deportes y su vinculación con gastos relacionados al San Luis Fútbol Club.
Laura Alcaraz, ex responsable de Tesorería del organismo, explicó que los pagos se tramitaban a través del sistema Tramix y debían atravesar diversas instancias administrativas hasta llegar a la orden final de pago. En su declaración afirmó que ninguna transferencia podía concretarse sin la autorización de la entonces presidenta del Ente, Cintia Ramírez. También mencionó pagos vinculados al club, entre ellos servicios gastronómicos, traslados y la compra de un lavarropas.
En la misma línea, el contador Lucas García Moreno señaló que su tarea consistía en cargar facturas en el sistema y verificar la documentación hasta avanzar con la orden de pago. Indicó que las operaciones se realizaban mediante transferencias bancarias y sostuvo que no detectó irregularidades en el procedimiento administrativo.
Por su parte, el empleado administrativo Mariano Toschi explicó que todo gasto debía contar previamente con la autorización de la presidencia del organismo antes de iniciar el proceso de contratación, que incluía la búsqueda de presupuestos, la comparación de precios y la emisión de la orden de pago.
Uno de los datos más relevantes de la audiencia surgió con la declaración del contador Ezra Chada Hauría, quien auditó los balances del San Luis Fútbol Club. El profesional confirmó que la institución recibió $290 millones provenientes del Estado provincial en concepto de subsidio, monto que figura en los extractos bancarios como una transferencia del Gobierno de San Luis.
Durante la audiencia, la defensa intentó poner el foco en el rol del entonces director del Ente, Javier Santagata, señalándolo como responsable operativo del circuito administrativo, frente a testimonios que ubicaron en la presidencia del organismo la autorización final de los pagos.
