El Tribunal de Impugnaciones de San Luis confirmó las medidas cautelares dictadas contra los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi, Claudio Latini y Ernesto “Pipi” Alí, este último actual diputado nacional, quienes continúan imputados por fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa es impulsada por la fiscal Linda Maluf, a partir de una denuncia presentada por la ministra de Seguridad Nancy Sosa, y investiga convenios firmados durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, mediante los cuales se habrían transferido sumas millonarias a municipios para obras que nunca se ejecutaron.
El fallo, firmado el 4 de noviembre de 2025, ratificó casi en su totalidad lo resuelto en septiembre por la jueza de Garantías Luciana Banó, quien dispuso la firma mensual del libro de imputados, la prohibición de salir de la provincia —con excepción de Alí por su función legislativa—, la inhibición de bienes y la prohibición de contratar.
Las coincidencias entre los imputados no pasan desapercibidas. Los tres comparten algo más que una causa judicial: fueron ministros de Seguridad de la provincia, referentes políticos del mismo espacio y ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Una trayectoria común que, lejos de distinguirse por resultados ejemplares en materia de seguridad, hoy los reúne bajo la lupa de la Justicia.
El Tribunal consideró que las medidas impuestas son las más leves previstas por el Código Procesal Penal y que se encuentran debidamente justificadas en esta etapa preliminar del proceso. No obstante, ordenó delimitar el alcance de la prohibición de contratar, estableciendo que debe circunscribirse a vínculos con el Estado y sus organismos.
Finalmente, el Tribunal rechazó un pedido de sanciones vinculado al uso de inteligencia artificial por parte de la defensa, al considerar que se trata de una herramienta válida, aunque recomendó realizar citas jurisprudenciales correctas en futuras presentaciones.
