Fueron presentaciones por hechos de corrupción. En la lista esta Miguel Berardo, Latini, Nicolás Anzulovich, Carolina Agüero, Anabela Lucero, Luciano Anastasi, entre otros.
Durante el primer año de su segundo mandato como gobernador de San Luis, Claudio Poggi enfatizó el inicio de un cambio cultural en la provincia. Este cambio, según destacó, se refleja en diversas políticas de gestión pública que promueven la ética, la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
El gobernador subrayó su compromiso con la erradicación de la corrupción, señalando que desde el comienzo de su administración se han denunciado judicialmente múltiples irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos por parte del gobierno anterior. «Todos los hechos de corrupción que desde el día uno fuimos encontrando en la administración de los fondos públicos del gobierno anterior fueron denunciados judicialmente. Hemos aportado todas las pruebas necesarias. Son causas que vamos a seguir muy de cerca, porque el pueblo de San Luis merece conocer qué se hizo con sus fondos públicos», aseguró Poggi.
Entre los exfuncionarios señalados para ser investigados se encuentran el exministro de Seguridad, Luciano Anastasi; la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez; el exsecretario general de la Gobernación, Miguel Berardo; Sergio Freixes (quien tuvo varios cargos); el exministro de Seguridad, Claudio Latini; el exministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich; el exministro de Gobierno, Fabián Filomena; el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo; el exministro de Producción, Marcelo Amitrano; el exministro de Salud, Cristian Niño; la exsecretaria de Comunicación, Carolina Agüero García; el exdirector de Vialidad Provincial, ‘Timmy’ García Quiroga; el comisario general Marcelo Balbo; la exdiputada provincial Anabela Lucero; y, en algunos casos, funcionarios vinculados a sus equipos de trabajo.
Los delitos investigados incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de fondos, peculado y enriquecimiento ilícito. Poggi destacó que estas denuncias buscan reforzar la confianza de los ciudadanos en la administración pública, asegurando que los fondos provinciales se destinen al bien común y no al beneficio de unos pocos.
