La Legislatura está a punto de dar sanción definitiva a dos proyectos de leyes que buscan mejorar la performance del Estado provincial ante las demandas que recibe. Las iniciativas apuntan a que la Provincia brinde respuestas más eficientes, frente los reclamos judiciales y a sancionar a los funcionarios que incumplan con sus obligaciones administrativas.
Ambas propuestas, presentadas por el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti y que cuentan con media sanción de la Cámara Alta por unanimidad, están enfocadas en combatir la demora injustificada o el silencio de los organismos públicos frente a peticiones formales de la ciudadanía.
“Estos proyectos vienen a terminar con la negligencia por parte de los funcionarios en el ejercicio de sus competencias y que estos actos no queden impunes. Esto sin importar el color político del gobierno de turno”, comentó el senador provincial a Los Andes.
El primero de los proyectos, que ya fue tratado en Diputados y ahora vuelve al Senado para su revisión, propone incorporar un artículo 38 bis al Código Procesal Administrativo (Ley 3918). El objetivo de la propuesta es establecer una responsabilidad concreta para quienes incumplen los plazos administrativos y evitar que el silencio del Estado afecte los derechos de la ciudadanía.
El texto establece que, en casos de admisión formal de Acciones Procesales Administrativas (APA) por denegación tácita, el tribunal deberá identificar en su resolución al funcionario negligente y requerir a la autoridad administrativa que le aplique las sanciones correspondientes.
La figura de la “denegación tácita” se configura cuando la administración no responde a una petición dentro del plazo legal, y la ley interpreta ese silencio como una negativa.
“Se trata de una práctica que vulnera el derecho de defensa y genera indefensión para el ciudadano, que termina conociendo los argumentos del Estado recién cuando este contesta la demanda judicial”, sostiene el proyecto.
“Al quedar identificados pueden ser sancionados por su mal proceder o su inacción. Creo que ayudan a terminar con la impunidad, protegiendo a los ciudadanos”, sostuvo Magistretti.
Según datos aportados por el legislador provincial, durante 2024 se dictaron unas 200 sentencias en procesos administrativos, de las cuales casi 50 se iniciaron por denegación tácita. En lo que va de 2025, esa proporción se mantiene, con 10 casos entre 40 sentencias.
Sin embargo, en ninguno de estos casos se sancionó al funcionario responsable, pese a que los tribunales constataron la falta disciplinaria prevista en la normativa vigente.
