Este mediodía se realizó una conferencia de prensa en el Poder Judicial de San Luis, donde autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad brindaron detalles sobre la Operación Internacional “Aliados por la Infancia V”, destinada a combatir la tenencia, difusión y publicación de material de abuso sexual infantil.
En la provincia, durante la madrugada del martes, se efectuaron cuatro allanamientos en distintos barrios de la ciudad de San Luis –123 Viviendas, calle Tomás Jofré, Caídos en Malvinas y barrio Kennedy–, donde se secuestraron dispositivos electrónicos con contenido de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Como resultado, hubo cuatro detenciones, tres en San Luis y una fuera de la provincia.
El Procurador General de la provincia, Dr. Sebastián Cadelago Filippi, informó que de manera simultánea se realizaron 50 allanamientos en todo el país, en el marco de un operativo que involucró a 15 países de América y se desarrolló en 12 provincias argentinas.
“Este trabajo forma parte de una red internacional que procura investigar y reprimir este tipo de delitos de los que participan 15 países, entre los que estamos incluidos”, señaló Cadelago Filippi.
Lo acompañaron en la conferencia la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; la fiscal de Instrucción Penal en Género, Diversidad, Infancias y Adultos N° 2, Antonella Córdoba; las fiscales adjuntas Mercedes García y Marisol Boschi; además del comisario Juan Carlos Romero y especialistas del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del MPF, David Fuentes y Carina Bernal.
La ministra Sosa agradeció el trabajo conjunto y destacó el resultado de la operación: “Agradezco al Ministerio Público Fiscal, a las fiscales y al personal policial que estuvieron a disposición desde ayer. El balance es positivo con las detenciones y el secuestro del material”.
La fiscal Córdoba explicó que estas investigaciones tienen origen en la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de CABA, a cargo de la Dra. Daniela Dupuy, junto al Centro de Investigaciones Judiciales, quienes detectan el tráfico de material ilegal y derivan los casos a cada jurisdicción. “Se trata de delitos de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil”, subrayó.
Por su parte, el especialista David Fuentes señaló que organismos internacionales y empresas tecnológicas colaboran en la detección, ya que en algunos países –como Estados Unidos– existe la obligación legal de denunciar este tipo de contenidos. “En los allanamientos realizamos un triage, una inspección rápida de los dispositivos para confirmar si contenían material de abuso, lo cual en estos casos resultó positivo”, precisó.
