Juan Carlos Insúa, exreferente de sindicatos de la carne y el agro, encabezaba una organización que traficaba cinco kilos de cocaína por semana hacia Villa Mercedes. Usaban estaciones de servicio como puntos de intercambio y quintas disfrazadas de campings sindicales como base de distribución. El operativo final se dio en La Punilla, con 13 detenidos.
Un entramado delictivo con ribetes cinematográficos, liderado por un exdirigente gremial, cayó tras una investigación de varios meses encabezada por el fiscal federal Danilo Miocevic, con apoyo de la Procunar y fuerzas de seguridad federales y provinciales. El principal acusado, Juan Carlos Insúa, utilizaba sus cargos sindicales como fachada para traficar cocaína desde Buenos Aires hacia distintos puntos de la provincia de San Luis.
La mecánica parecía aceitada: Insúa adquiría unos cinco kilos de cocaína —de origen boliviano pero con conexión con proveedores peruanos— y los transportaba hacia Villa Mercedes. Allí, en lugares públicos y a plena vista, como estaciones de servicio, realizaba los intercambios con otro miembro de la banda, Ramayo, quien le entregaba el dinero correspondiente a la venta del envío anterior.
El siguiente paso tenía lugar en una quinta conocida internamente como “el campo de merca”, en Villa Mercedes. Allí, Diego “El Gaucho” Funes, uno de los distribuidores principales de la organización, recibía la droga entre las 22:30 y la 1 de la madrugada y devolvía el dinero del cargamento anterior. Parte de esa droga era retenida por Ramayo para su distribución en Merlo y Carpintería, generando una ganancia directa para él e Insúa, a la que llamaban “lo nuestro”.
Según audios incorporados a la causa, el valor del gramo de cocaína era de $7.000, lo que arrojaba ingresos brutos de $35 millones semanales y $140 millones mensuales. En seis meses, la ganancia habría alcanzado los $840 millones. En el mercado minorista de Merlo, donde el gramo llegaba a venderse a $12.000, la rentabilidad se multiplicaba.
La organización contaba con varios cómplices, entre ellos la pareja de Insúa, Sandra Cnochaert, quien actuaba como testaferro y viajó con él a Miami, y su hijo, Juan Cruz Insúa, quien ponía a disposición los vehículos para la logística. Las comunicaciones registradas dan cuenta del manejo financiero minucioso del grupo, con montos detallados por zonas: “En el paquete de Carpintería hay dos millones… Merlo mandó 1,5 en efectivo…”.
Para legitimar sus frecuentes viajes y movimientos, Insúa impulsó la creación de delegaciones del sindicato SOFECA y de la Federación de Trabajadores Agrarios (Fe.T.A.R.A.) en San Luis, donde fue designado como delegado organizador. Incluso alquiló una propiedad para montar el “Camping Fetara”, usado como fachada para las operaciones. En sus propios términos, estaban “construyendo un imperio”.
La caída comenzó el 15 de junio de 2024, cuando una conversación interceptada entre Natalia Amar —una de las revendedoras clave de la banda— y una amiga reveló un inminente viaje con cargamento oculto en colectivos. Dos días después, Amar viajó a Buenos Aires, y el 19 de junio, junto a Insúa, fue detenida en La Punilla, mientras trasladaban poco más de un kilo de cocaína en un Fiat Strada.
El operativo fue llevado adelante por la División de Lucha contra el Narcotráfico de San Luis, junto con Gendarmería, la Policía Federal y efectivos locales, bajo órdenes del juez federal Juan Carlos Nacul.
En las semanas siguientes se profundizó la investigación con nuevas detenciones. Actualmente, hay 13 imputados en esta etapa y se espera que sean procesados en las próximas semanas. Así, el presunto imperio de Insúa, basado en estructuras gremiales y redes de distribución encubiertas, llegó a su fin.
