Este martes, el juez en lo Civil y Comercial Marcelo Bruno Dos Santos declaró la caducidad del proceso mediante el cual el Estado reclamaba a Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad un resarcimiento de $22.300 millones por el 50% de las obras adjudicadas a Lázaro Báez que no se concluyeron.
Con esta resolución, el pago ya no podrá ser exigido en el fuero civil, aunque en paralelo continúa en la Justicia penal la ejecución patrimonial por el decomiso de U$S 537 millones.
El documento firmado por el magistrado, al que accedió Clarín, sostiene: “Declarar operada la caducidad de la instancia en el presente proceso, con costas a la actora vencida”.
Por qué caducó el reclamo
La decisión fue adoptada a partir de un planteo de la defensa de la exvicepresidenta, a cargo del abogado Luis Goldin, quien argumentó que la Dirección Nacional de Vialidad no impulsó el expediente desde octubre de 2023.
El juez entendió que se cumplió el plazo legal de inactividad previsto en el artículo 310, inciso 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece seis meses sin avances como causa suficiente para declarar la caducidad.
En su resolución, Dos Santos señaló: “El instituto de la caducidad de instancia no fue creado al solo efecto de castigar la negligencia de las partes, sino que persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de la paz, la seguridad y de una buena administración de justicia”.
La postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo nacional, la administración de Javier Milei se opuso al planteo de la defensa, al considerar que no existió una inactividad procesal de seis meses, dado que en paralelo se sumaban hechos, pruebas y resoluciones provenientes del fuero penal.
Sin embargo, la resolución del juez puso fin al reclamo iniciado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, cuando Vialidad Nacional había presentado la demanda civil por daños y perjuicios contra la entonces presidenta y el resto de los acusados por fraude en la obra pública.
