El presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, Alberto Rodríguez Saá, salió a defender públicamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como “Vialidad”.
A través de un comunicado titulado “¡Si hay proscripción, no hay democracia!”, el PJ de San Luis expresó su rechazo al fallo unánime del máximo tribunal y manifestó su respaldo a la exmandataria. “Afecta directamente a nuestra forma democrática de representación política. La sentencia en la causa ‘Vialidad’ lejos de buscar justicia, responde a una maniobra política, mediática y judicial para proscribirla”, sostiene el texto difundido en redes sociales.
La Corte Suprema, compuesta por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos de queja presentados por la defensa de Fernández de Kirchner, dejando firme la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esta decisión judicial frustra cualquier eventual postulación electoral de la dirigente peronista.
El comunicado del PJ advierte que “cuando la Justicia se mete en la política, la democracia se interrumpe e irrumpe el camino de la libertad de expresión y acción”. Además, se refirió a la situación en San Luis: “Sabemos lo que es la persecución política y mediática. Lo vivimos a diario con el hostigamiento que sufren nuestros compañeros y compañeras, y con el apriete que ejerce el poder político de turno sobre la Justicia puntana”.
En ese marco, el partido que lidera Rodríguez Saá reafirmó su compromiso con los principios históricos del peronismo: “la justicia social, la soberanía política y la defensa irrestricta de los derechos democráticos en toda la Argentina”.
Finalmente, el comunicado concluye con un llamado a la militancia: “Como militantes no podemos obviar esta situación que no se trata solo de Cristina Fernández de Kirchner sino también del respeto a las garantías constitucionales y del derecho del pueblo a elegir libremente a sus representantes”.
