La Policía de San Luis, en coordinación con el Poder Judicial provincial y fiscalías especializadas, llevó adelante este martes cuatro allanamientos en distintos barrios de la ciudad capital en el marco de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil.
Como resultado, fueron detenidas tres personas:
- Un programador informático, que ingresó a trabajar en el Gobierno provincial en 2018, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Fue arrestado en una vivienda de calle Héroes de Malvinas al 400. Desde el Ejecutivo se inició un sumario administrativo que lo desvincula de sus funciones, además de revocarle todos los accesos digitales propios de su tarea.
- Un desocupado, con antecedentes desde 2020, detenido en su domicilio de calle Buenos Aires, en el barrio Kennedy.
- Un jubilado, el mayor de los tres, que vive en la manzana 431 del barrio 123 Viviendas, en la zona noreste.
Los tres fueron trasladados a centros médicos para la revisación correspondiente y luego derivados a dependencias policiales, quedando a disposición de la Justicia.
En un cuarto allanamiento, realizado en calle Tomás Jofré al 900, no se encontró al sospechoso, quien estaría en la provincia de La Pampa, donde se estima que su captura se concretará en las próximas horas.
En todos los domicilios se secuestró material informático considerado prueba clave para la investigación.
El operativo fue encabezado por el Área de Delitos Complejos de la Policía provincial, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N°3, a cargo de la jueza Natalia Lazarte Otero. También intervinieron las Fiscalías de Género N°1 y N°2, conducidas por María Delia Bringas y Antonella Córdoba, con coordinación del procurador general Sebastián Cadelago Filippi y de la licenciada Carina Bernal, del Área de Delitos Complejos del Poder Judicial.
La acción se enmarca en el Protocolo de Intervención Urgente y Colaboración Recíproca en casos de detección de pornografía infantil en internet (Red 24/7) y en la Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal, que articulan acciones entre fuerzas de seguridad provinciales y nacionales para combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales.
