Opinión: Dr. Rafael Berruezo
La situación de la responsable del geriátrico de Justo Daract se ha agravado tras el fallecimiento de uno de los adultos mayores que residía en el establecimiento. Este hecho impacta directamente en la imputación inicial, ya que el delito de abandono de persona, previsto en el artículo 106 del Código Penal, ahora se ve agravado por el fallecimiento, elevando la escala penal de 5 a 15 años de prisión.
Dado este nuevo escenario, sumado a los demás delitos por los que ya estaba siendo investigada, la pena máxima podría alcanzar los 21 años de prisión. Esta gravedad en la conducta imputada exige una pronta intervención judicial, con la inmediata presentación de la responsable ante el Juez de Garantías para la formulación de cargos y el dictado de prisión preventiva.
Sin embargo, surgen interrogantes sobre la actuación de la Justicia en este caso. Se han señalado demoras en la investigación, como la decisión de permitir que la acusada regresara a su domicilio, lo que pudo haber facilitado la eliminación de pruebas clave sobre el trato a los residentes del geriátrico. Además, no se descarta la posible desaparición de documentos u otros elementos que podrían haber sido secuestrados durante el allanamiento.
Ante esta situación, cabe preguntarse:
- Si se hubiera actuado con mayor celeridad al momento de la denuncia, ¿el desenlace habría sido diferente?
- ¿Se avanzará ahora con la detención de la responsable del geriátrico?
- ¿La Justicia sigue en feria judicial o comenzará a tomar medidas urgentes en febrero?
El caso genera gran preocupación y exige respuestas inmediatas por parte de las autoridades judiciales.
