El vicegobernador de San Luis, Ricardo Endeiza, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó los principales alcances del proyecto de reforma constitucional impulsado por el Poder Ejecutivo y enviado recientemente a la Legislatura provincial para su tratamiento.
Durante su exposición, Endeiza subrayó que el gobernador Claudio Poggi se impuso una limitación voluntaria respecto de su futuro político. En ese sentido, afirmó: “En cambio Adolfo Rodríguez Saá, que ejerció cinco períodos, o Alberto Rodríguez Saá, que estuvo cuatro, podrían presentarse para dos más”, en contraste con la situación de Poggi, quien consideraría un eventual mandato entre 2027 y 2031 como el último de su carrera.
El proyecto ingresó por la Cámara de Senadores y propone declarar la necesidad de la reforma constitucional. Endeiza explicó: “Es un proyecto de declaración de la necesidad de la reforma. ¿Por qué? Porque, claramente, la Constitución provincial es nuestra última garantía como ciudadanos, y, a su vez, la última fuente de obligaciones, tanto de ciudadanos como de funcionarios públicos, y establece el orden de todo el Estado”. Asimismo, detalló que el proceso requiere mayorías calificadas en ambas cámaras: “tiene un mecanismo complejo, primero la Legislatura tiene que declarar la necesidad de la reforma, y debe hacerlo con una mayoría calificada, que son dos tercios, no sobre los presentes, dos tercios sobre el total de cada cámara”.
En números, la iniciativa necesitará seis votos en el Senado y 29 en la Cámara de Diputados para avanzar.
El vicegobernador destacó que la discusión se da en un contexto particular: “Es un año no electoral y hay varios temas que tratar. Partimos de una premisa: San Luis, el año que viene, va a cumplir 40 años desde su última reforma constitucional integral, que se terminó sancionando en 1987”. En ese marco, recordó que desde entonces solo hubo dos enmiendas parciales vinculadas a la reelección y a la incorporación de derechos.
Entre los cambios propuestos, se analiza la posibilidad de eliminar las elecciones de medio término. Sobre este punto, Endeiza sostuvo: “el gobernante siempre tiene que estar con el oído atento a lo que dice el pueblo, y se ve que la gente, en las elecciones de medio término, no está yendo a votar”. Además, advirtió sobre una baja en la participación electoral: “Los guarismos en las últimas elecciones de medio término, que fueron en 2025, cayeron. Tenemos provincias entre 50% y 60%, cuando históricamente los porcentajes oscilaban entre el 80% y el 95%”.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la inclusión de una cláusula transitoria que fija límites al actual mandatario. Endeiza aclaró: “He visto algunas interpretaciones que son absolutamente erróneas, que lo toman como una ventaja y no, por el contrario, es una autolimitación para dejar bien clarito que no se busca ninguna ventaja, sino al contrario, jugar con reglas claras y transparentes”.
En relación a los exgobernadores, remarcó que la reforma no tendrá efectos retroactivos. “Las leyes se aplican a futuro”, afirmó, y precisó que figuras como Adolfo Rodríguez Saá, Alberto Rodríguez Saá y María Alicia Lemme “pueden perfectamente ser candidatos a gobernadores y tener derecho a dos períodos más”.
Respecto a Poggi, insistió en el carácter restrictivo de la cláusula: “esta cláusula transitoria está hecha para él, a pedido de él, establece que el mandato del período 2023-2027 va a ser tomado como primer período”. Y agregó: “si yo fuera candidato y me volvieran a elegir, éste cuenta como mi primer mandato, y al haber solo dos mandatos, se acabó. Y se acabó. Por el nuevo sistema se acabó para toda la vida”.
En cuanto a la futura Convención Constituyente, Endeiza explicó que estará integrada por 52 miembros, en correspondencia con la actual composición legislativa. “La Constitución establece que cada departamento ha de elegir tantos convencionales constituyentes como número de legisladores tenga”, indicó.
Finalmente, el vicegobernador destacó otro punto clave de la reforma vinculado al Poder Judicial, que limitará la discrecionalidad en la designación de jueces. Según explicó, el gobernador deberá respetar las propuestas del Consejo de la Magistratura: “Va de la mano con lo que la Corte Suprema sacó como una acordada para modificar todo el sistema de selección de jueces. El sentido acá es el mismo, limitar los amiguismos, la discrecionalidad y a elegir a los mejores”.
