Las personas imputadas están acusadas de los delitos de asociación ilícita, falsificación y defraudación y enfrentan un pedido de condena de cinco años de prisión.
Paola Tonelli, José Toledo y Graciela Apaza comenzaron a ser juzgados este miércoles por un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción en la causa que investiga la presunta emisión de certificados médicos falsos y otros documentos públicos y privados. Están acusadas de los delitos de asociación ilícita, falsificación y defraudación.
Para la fiscal de Juicio, Virginia Palacios, existió entre los tres imputados un acuerdo común “con clara división de tareas para llevar adelante la maniobra delictiva”.
Tonelli y Toledo, quien revestía el carácter de agente estatal, ofrecían sus servicios a través de publicaciones en redes sociales como Facebook y en sus estados de WhatsApp. Allí promocionaban la confección de diversos documentos apócrifos: certificados médicos, justificativos laborales y escolares, libretas sanitarias, carnets de conducir, entre otros.
Una vez que los interesados establecían contacto y acordaban el tipo de documento y su precio, realizaban el pago mediante transferencias a una cuenta de Mercado Pago a nombre de Toledo. En esta etapa intervenía Apaza Señani, quien recibía los archivos por mensajería o accedía a documentos previamente guardados en su computadora para imprimirlos y prepararlos.
La fiscalía remarcó que, incluso después de la primera formulación de cargos, los imputados continuaron con este tipo maniobras delictivas.
En uno de los allanamientos en el domicilio de Tonelli y Toledo se secuestraron recetarios médicos con firmas y sellos falsificados, formularios de ANSES, copias de DNI, hojas de prueba de sellos y el teléfono celular de Tonelli.
Además, en el celular de Tonelli se hallaron conversaciones que evidencian la venta de certificados médicos por montos que iban de $1.200 a $2.000, dependiendo de la cantidad de días justificados. Los pagos se realizaban a través de Mercado Pago, en una cuenta registrada a su nombre.
Entre los archivos recuperados, se encontraron también certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para asignaciones familiares, libretas sanitarias y otros documentos utilizados para justificaciones laborales y escolares. También se constató que la imputada ofrecía estos certificados mediante estados de WhatsApp.
Con el avance de la investigación, se realizaron nuevas pesquisas a los teléfonos de la pareja acusada, lo que dio por resultado la aparición de una tercera persona, Apaza Señani, indicada como la encargada de imprimir los documentos apócrifos.
El caso se conoció el 6 de marzo de 2024, cuando un médico y ex pareja de Tonelli, denunció en la Unidad de Abordaje Fiscal que su firma y sello habían sido utilizados sin su autorización para emitir documentos apócrifos. A partir de esta denuncia, se inició una investigación en conjunto con el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis y con la colaboración de la empresa Meta, se logró identificar a los administradores de la cuenta vinculada a la venta ilegal de certificados.
El tribunal de juicio está integrado por José Luis Flores, Adriana Lucero Alfonso y Ariel Parrillis.
