Son tres casos relevantes sucedidos en el mes de enero, en donde la policía logro detenciones, pero por diferentes decisiones terminaron sin estar privados de la libertad en una dependencia policía.
Los hechos que se conocieron por tener una fuerte exposición en los medios de comunicación de San Luis, terminaron con una fuerte crítica por parte de la sociedad por el rumbo que le dio la Justicia a sus acusados y detenidos.
A contramano de lo que se exige en casos de inseguridad y muerte para los responsables, en nuestra provincia, pareciera que los que deben decidir para aquellos que rompen la ley terminan casi de inmediato con decisiones que los favorecen en lo inmediato.
Basado en hechos puntuales, desde UBM, vemos con preocupación y asombro los fallos que se tomaron con los acusados del robo de las motos KTM en un barrio privado de La Florida que termino con la detención de 3 personas en San Rafael, Santiago Gil acusado de la muerte de Juan Ochoa en Villa Mercedes y la de los “Chilenos” que robaron en comercios en San Luis que fueron detenidos por la policía después de llevarse un botín de dinero en pesos argentinos y dólares.
En el caso del robo de las motos KTM, fue el juez de Garantía Nº3, Marcos Flores Leyes, quien ordenó liberar a los tres delincuentes que habían robado en el barrio cerrado “Refugio Nel Lago” de La Florida. Ellos Franco Reveco, de 23 años, Rodrigo Cuello de 24 y un tercer implicado menor de edad (17) identificado como M. P. V. El hecho se produjo en la madrugada del 7 de enero, entre las 2:25 y 2:40. Los imputados sustrajeron los dos vehículos, tipo enduro de 250 y 350 cilindradas modelos 2022 y 2024, dentro de la propiedad del empresario metalúrgico Roberto Miranda Gómez.
Otra liberación fue el de la muerte de Juan Ochoa, en donde Santiago «El largo» Gil fue imputado por homicidio simple y le concedieron la prórroga de detención por 8 días. Sin embargo, el juez Matías Farinazzo ordenó su libertad. Gil está acusado de asesinar de una apuñalada en el corazón Ochoa.
Por último, las liberaciones de Mauricio Díaz Aguilera y Sergio Reyes González, ambos de nacionalidad chilena, terminaron de patear el tablero. Los delincuentes obtuvieron ese beneficio porque devolvieron el dinero mediante un proceso de reparación integral y conciliación con los damnificados. El juez de Garantías N° 3, Marcos Flores Leyes, dictaminó la medida.
