La Cámara de Diputados de San Luis aprobó la reforma de la ley que modifica la duración del mandato del defensor del Pueblo provincial. Con la sanción definitiva, el cargo pasará de tener un período de un año a uno de dos años, con la posibilidad de una única reelección por el mismo plazo, ya sea de manera consecutiva o alternada.
La iniciativa obtuvo el respaldo de 25 legisladores pertenecientes a los bloques Ahora San Luis, Acuerdo por el Interior Sanluiseño, Consolidación Argentina, Dignidad y Progreso, Fuerza Independiente y San Luis Primero, mientras que el Frente Justicialista votó en contra.
Según se explicó durante el tratamiento legislativo, la modificación apunta a fortalecer el funcionamiento institucional de la Defensoría del Pueblo, permitiendo una mayor continuidad en las tareas de investigación, control y seguimiento de reclamos ciudadanos. Desde la comisión que analizó el proyecto señalaron que el mandato de un año resultaba insuficiente para abordar actuaciones complejas y problemáticas estructurales que requieren un trabajo sostenido en el tiempo.
Además, se destacó que un período más extenso facilitará la planificación de la gestión y permitirá que las autoridades de la Defensoría desarrollen con mayor profundidad las investigaciones y los procesos vinculados a la defensa de los derechos de la ciudadanía.
La ley incorpora una cláusula transitoria que establece que, en caso de que el actual defensor del Pueblo, Guillermo Belgrano Rawson, y el defensor adjunto, Jonathan Ari Velázquez, sean nuevamente designados, el período que actualmente ejercen será computado como su primer mandato a los efectos del nuevo régimen.
Durante el debate también se remarcó que la mayoría de las provincias argentinas cuentan con mandatos de mayor duración para esta figura institucional. Entre los ejemplos mencionados figuran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde el cargo se ejerce durante cinco años; Chaco y Santiago del Estero, con cuatro años; y Catamarca, con un mandato de doce años.
Los legisladores que respaldaron la iniciativa consideraron que la reforma busca dotar de mayor estabilidad e institucionalidad a la Defensoría del Pueblo, evitando la renovación anual de sus autoridades y favoreciendo la continuidad de las políticas de protección y defensa de los derechos de los ciudadanos.
