Opinión Dr. Rafael Berruezo. Hace unas horas la Justicia dejó en libertad a un hombre que intentó abusar de una menor de 13 años en su propia casa, cuando entró a robar. Tenía dos causas anteriores por abuso sexual.
La madrugada del sábado pasado, un hecho estremeció a la ciudad de San Luis. Un hombre de 28 años ingresó a una vivienda del barrio 500 Viviendas Sur e intentó abusar de una menor de 13 años mientras dormía. Su valiente reacción al gritar alertó a su padre, quien lo sorprendió intentando huir por la ventana.
La rápida intervención de la policía permitió la detención del agresor, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional 41. Hasta ahí, todo parecía un procedimiento lógico dentro del marco de la ley. Sin embargo, lo que vino después desafía cualquier sentido de justicia: la jueza a cargo ordenó su inmediata liberación, a pesar de contar con antecedentes por delitos cometidos en 2017 y 2021.
Esta decisión no solo es indignante, sino que además contradice la reciente modificación del Código de Procedimiento Penal de San Luis. El artículo 203 establece que, en casos de reiterancia delictiva, se presume riesgo de fuga y se habilita la prisión preventiva. Es decir, si un imputado tiene antecedentes por delitos dolosos, su detención debería estar garantizada.
El gobierno provincial ha declarado la seguridad como un pilar fundamental, pero estas resoluciones judiciales desacreditan cualquier intento real de proteger a la sociedad.
¿De qué sirve modificar leyes si los jueces eligen ignorarlas?
¿Por qué se priorizan formalismos sobre la seguridad de las víctimas?
La comunidad no solo espera justicia, la exige. Decisiones como esta destruyen la confianza en el sistema judicial y dejan a la sociedad expuesta a la impunidad.
¿Estamos en tiempo de feria judicial eterna?
Parece que sí. Y es una pena.
