La audiencia de formulación de cargos contra el ex ministro de Desarrollo Social de San Luis, Nicolás Anzulovich, se concretó este jueves luego de tres intentos fallidos. El fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí lo imputó por el delito de enriquecimiento ilícito y el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, convalidó la acusación e impuso medidas de coerción por seis meses.
El ex funcionario ingresó a la audiencia acompañado por su abogado defensor, Cristóbal Ibáñez, en un clima distendido que cambió con el avance de la audiencia y, especialmente, cuando desde la querella se solicitó la prisión preventiva.
Antes de avanzar con la imputación, la defensa realizó un nuevo planteo cuestionando la intervención del procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, y la rapidez con la que resolvió rechazos previos. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella consideraron que se trataba de una maniobra dilatoria.
El fiscal Assat Alí sostuvo que el planteo carecía de sustento y remarcó que la causa aún no había podido avanzar formalmente hacia la formulación de cargos. En la misma línea se expresó el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, quien aseguró que la estrategia defensiva buscaba “dilatar el proceso”.
Finalmente, el juez Flores Leyes rechazó el planteo y dio paso a la acusación formal.
La acusación fiscal
Durante la audiencia, el fiscal detalló que los hechos investigados corresponden al período comprendido entre 2019 y 2023, cuando Anzulovich integró el gabinete del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, primero como coordinador de DOSEP y luego como ministro del área que tenía bajo su órbita el Plan de Inclusión.
Según la investigación, se detectó un incremento patrimonial que no guardaría relación con los ingresos declarados por el ex funcionario, a partir de adquisiciones de vehículos de alta gama, movimientos financieros sin trazabilidad y falta de documentación respaldatoria sobre el origen de determinados fondos.
“El incremento patrimonial verificado no guarda correlación con los ingresos lícitos declarados y verificados”, sostuvo el fiscal al citar el informe pericial.
La pericia contable determinó un piso mínimo de enriquecimiento ilícito de 9.438.429 pesos, sin actualización, aunque la cifra podría ser mayor si se contemplan movimientos financieros y adquisiciones detectadas durante la investigación.
Entre los bienes bajo análisis figuran vehículos de marcas RAM, BMW y Ford Bronco, además de una propiedad ubicada en el barrio privado Refugio del Lago, en La Florida.
Assat Alí afirmó además que no se registró actividad económica privada que justificara esos movimientos patrimoniales y señaló que los egresos detectados superaban ampliamente la capacidad económica declarada por el imputado.
Medidas de coerción y pedido de prisión preventiva
La Fiscalía solicitó la apertura de la Investigación Penal Preparatoria y pidió medidas de coerción por seis meses, entre ellas la firma mensual del libro de imputados, prohibición de salida de la provincia, inhibición general de bienes y suspensión preventiva de sus funciones como empleado judicial.
El fiscal argumentó que, debido a su conocimiento del sistema judicial y vínculos institucionales, el imputado podría frustrar medidas vinculadas a embargos o recuperación de activos.
Además, la Fiscalía solicitó que la causa fuera declarada compleja, al considerar que se trata de una investigación vinculada a criminalidad económica y corrupción pública.
Por su parte, Calderón Salomón fue más allá y pidió la prisión preventiva o domiciliaria de Anzulovich, al advertir posibles riesgos procesales y eventuales maniobras para alterar pruebas o activos.
La defensa rechazó la acusación
La defensa rechazó la imputación y cuestionó tanto la pericia contable como las medidas solicitadas.
El abogado Cristóbal Ibáñez calificó como “irrisorio” el monto determinado por el perito y aseguró que “no hay ningún enriquecimiento ilícito”. También sostuvo que la conducta procesal de su defendido había sido “intachable” y que siempre se presentó ante cada citación judicial.
El otro defensor, Nedo Gómez, consideró que las medidas solicitadas eran “abusivas y estigmatizantes” y cuestionó el impacto público que tuvo el proceso judicial sobre la imagen del ex funcionario.
La resolución judicial
Luego de escuchar a las partes, el juez Marcos Flores Leyes convalidó la formulación de cargos y declaró la causa como compleja, extendiendo el plazo de investigación a seis meses.
En cuanto a las medidas de coerción, hizo lugar parcialmente al pedido fiscal y ordenó la firma mensual, la prohibición de salida de la provincia y la inhibición general de bienes.
En cambio, rechazó tanto la prisión preventiva como la domiciliaria solicitadas por la querella, al considerar que no estaban acreditados los riesgos procesales necesarios para justificar esas medidas.
También desestimó la suspensión de sus funciones judiciales al entender que esa medida afectaría el derecho al sustento del imputado.
“En razón a la naturaleza del delito investigado y su contenido patrimonial se analiza un daño al patrimonio del Estado”, fundamentó el magistrado al justificar la inhibición general de bienes.
