La Justicia miró de reojo el accionar del funcionario tenía 2,12 gramos de alcohol en sangre al momento del accidente en la ciudad de Villa Mercedes
En otros lugares, si Ud. o yo chocamos, nos filman borrachos y nos comprueban 2,12 gramos de alcohol en sangre, seguro que nos quitan el carnet de conducir y nos aplican el máximo de la multa. Si somos funcionarios públicos, hasta corremos riesgo de que nos exoneren. Pero en San Luis, tanto la justicia ordinaria como la justicia municipal de Villa Mercedes, parece que tienen una mirada distinta para con los integrantes del Poder Judicial.
Así se desprende al menos si uno analiza lo sucedido con el fiscal de Cámara Fernando “Chulo” Rodríguez. El funcionario ganó notoriedad nacional tras chocar su Citroën el pasado 7 de julio, en Betbeder 350 de Villa Mercedes, y no pudo firmar el acta de infracción por el estado de ebriedad en que se encontraba.
Tras el escándalo nacional, fue suspendido dos meses por el Superior Tribunal de Justicia, con descuento del 50% de su sueldo, y un sumario administrativo. A esa altura, ya se reintegró, mientras del sumario todavía no se sabe nada, Extraño, cuando no hay tanto para investigar…
Pero lo más curioso es lo resuelto por la Jueza Municipal de Faltas de Villa Mercedes, Mónica Fernández. Ocurre que el fiscal, con buen criterio, desechó la posibilidad de reclamar una multa y se inclinó por solicitar que se le quitara el carnet de conducir por dos años. La magistrada, en cambio, dispuso aplicar una “sanción menos gravosa”, al considerar que Fernández “carece de antecedentes” y coincidió con los motivos expresados por el mismo en su defensa, al afirmar “la necesidad de conducir por razones laborales”. Como si el fiscal no pudiera trasladarse en colectivo a trabajar a San Luis.
Lo más sugestivo es que la jueza Fernández reitera en distintos párrafos la falta de antecedentes de Rodríguez, como si ignorar el grave accidente que tuvo en la década del ´90, que dio como resultado la muerte de una menor.
Pero el razonamiento tan comprensivo y olvidadizo de la jueza no termina allí, sino que también se extiende a la hora de considerar la sanción económica a aplicar, dado que en lugar de resolver el máximo (4.000 Unidades de Multa), aplicó 3.000 U.M., “considerando justa, proporcional y razonable a las circunstancias sociales y económicas en que se encuentra nuestro país y que nuestra ciudad no es ajena a ello”.
Lo anterior es ciertamente insólito. En vez de considerar la gravedad de la infracción (conducir borracho y chocar a otro conductor), la calidad de funcionario público (fiscal de Cámara) o sus propios ingresos (más de 2 millones de pesos), le concede una rebaja en la multa y lo deja seguir conduciendo.
En síntesis: en la justicia ordinaria, el polémico fiscal ya se reintegró a sus funciones y el sumario en cualquier momento se archiva. En la justicia de Faltas de Villa Mercedes no le quitan la licencia de conducir y encima le hacen un descuento en la multa.
Razonablemente, cualquiera puede preguntarse: ¿Qué autoridad moral le cabe a este fiscal cuando llegue a su despacho una causa parecida y deba acusar al imputado? ¿Pedirá cárcel, la máxima sanción, o se inclinará por pedir una sanción menor en caso que el acusado no tenga antecedentes?
El caso aquí reflejado es una prueba evidente de porqué la justicia está como está. Para el ciudadano común, la vara que se aplica es “ajustada a derecho”. Para los amigos, luz verde para que sigan como si nada. Total, esta vez, apenas chocó a otro, pero no lo mató ni provocó heridas o lesiones graves. Se lo puede perdonar.
