La oposición senatorial aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa obtuvo 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, de los legisladores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
El proyecto establece que los DNU deberán ser tratados en un plazo máximo de 90 días por ambas Cámaras y requerirán de la aprobación por mayoría absoluta. Actualmente, estas normas continúan vigentes si no son rechazadas expresamente y sin límite de tiempo. Además, se incorpora que, si uno de los cuerpos legislativos vota en contra, el decreto quedará automáticamente sin efecto, salvo en lo que respecta a derechos adquiridos durante su aplicación temporal.
Otro punto relevante es que cada decreto deberá referirse exclusivamente a una materia, con el fin de evitar que se incluyan múltiples temas en un mismo texto. De ser aprobado en Diputados, el proyecto reemplazaría la ley 26.122, sancionada en 2006, que actualmente regula el régimen de los DNU.
Durante el debate, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba) sostuvo que los DNU “son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes” y remarcó la importancia de “atenuar el presidencialismo”. Desde la UCR, Pablo Blanco señaló que se busca terminar con la “pésima costumbre” de abusar de estos decretos, práctica que —dijo— atravesó a distintos gobiernos.
La riojana Florencia López, por su parte, defendió la iniciativa al afirmar: “Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso”. En tanto, la neuquina Lucila Crexell cuestionó la ley vigente al considerar que “no establece un mecanismo que respete los principios constitucionales” y advirtió que “ha permitido la aprobación tácita de numerosos DNU sin control”.
En la misma línea, Guadalupe Tagliaferri (CABA) remarcó que “no puede ser más fácil aprobar un DNU que una ley”. Sin embargo, voces en disidencia como la del libertario Ezequiel Atauche (Jujuy) advirtieron que se busca quitarle al Presidente “una herramienta clave en un contexto de minorías parlamentarias graves”.
El debate continuará ahora en Diputados, donde se prevé un escenario de tensión y la posibilidad de un eventual veto presidencial.
