En las últimas crónicas policiales se ha informado sobre un allanamiento realizado en una vivienda del barrio José Hernández, donde la Policía secuestró elementos presuntamente robados en la zona. Como resultado de la investigación, uno de los implicados fue detenido, mientras que otro permanece prófugo.
Tras su detención, y luego de ser llevado ante la Jueza de Garantía Subrogante, la defensa solicitó la prórroga de 8 días para presentar pruebas, conforme al artículo 40 de la Constitución de San Luis. Sin embargo, vencido ese plazo y ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, se solicitó la prisión preventiva del acusado.
A pesar del pedido del fiscal, la jueza ordenó que el imputado cumpla la prisión preventiva en su domicilio y no en el Servicio Penitenciario, estableciendo un plazo de 90 días para la medida.
Esta decisión, que en los últimos tiempos se ha vuelto frecuente, genera serias dificultades operativas a la Policía de San Luis, ya que se ven obligados a asignar personal para la custodia del imputado en lugar de destinarlo a tareas de prevención e investigación del delito.
Cuando se dicta una prisión domiciliaria, se deben asignar entre 9 y 12 policías por día para custodiar la vivienda en diferentes turnos, lo que implica que por cada 90 días de detención domiciliaria se destinan alrededor de 810 efectivos. Se trata de una cifra considerable de agentes que podrían estar patrullando la ciudad y previniendo delitos en lugar de vigilar que el imputado no abandone su hogar.
Además, los policías encargados de esta custodia corren el riesgo de ser atacados por vecinos descontentos que intenten agredir al detenido. Incluso, en ocasiones, los propios familiares y amigos del imputado pueden llegar a confrontar a los agentes, lo que aumenta aún más el nivel de riesgo y tensión en estas operaciones.
Más allá del impacto en la operatividad policial, la prisión domiciliaria puede ser contraproducente desde el punto de vista de la seguridad. Mientras cumple su detención en su casa, el imputado puede seguir en contacto con sus cómplices, recibir visitas sin restricciones e incluso coordinar actividades delictivas desde su hogar.
Además, esta medida puede representar un riesgo para el propio imputado, ya que los vecinos del barrio han manifestado su hartazgo ante la impunidad y podrían reaccionar de manera violenta. En otros casos, ya se han registrado situaciones en las que los vecinos han tomado justicia por mano propia, atacando viviendas o linchando a acusados de delitos.
Si existe un Servicio Penitenciario diseñado específicamente para alojar a personas en prisión preventiva, ¿por qué se insiste en disponer la prisión domiciliaria? Es una pregunta que cada vez resuena con más fuerza en la sociedad y dentro de las propias fuerzas de seguridad.
Dr. Rafael Berruezo
