Tras la caída del servicio y la salida de canales argentinos de la grilla, se registró un crecimiento significativo en el uso de redes privadas virtuales (VPN) en el país. El fenómeno se intensificó luego de que miles de usuarios advirtieran que las aplicaciones Magis TV, Xuper TV y TV Latino —plataformas ilegales para ver televisión, películas y series de manera gratuita y en alta calidad— dejaran de funcionar en la Argentina.
Ante esta situación, muchos usuarios comenzaron a utilizar VPN, una herramienta que permite simular la conexión desde otro país, ocultando la ubicación real del dispositivo y evitando las restricciones geográficas impuestas en el territorio nacional. Sin embargo, este accionar es ilegal y podría derivar en sanciones severas para quienes lo utilicen con estos fines.
La cuenta Proto VPN en la red social X difundió un gráfico que evidenció el marcado aumento del uso de esta VPN en la Argentina, acompañado por el interrogante: “¿Está todo bien allí?”, en referencia al abrupto cambio en el comportamiento de los usuarios.
En un primer momento, la interrupción del servicio fue atribuida a posibles fallas técnicas o actualizaciones. No obstante, con el correr de las horas, el problema se replicó en numerosos dispositivos, lo que confirmó que las aplicaciones estaban siendo objeto de un bloqueo contundente, obligando a los usuarios a buscar alternativas.
En el caso de Magis TV, una orden judicial dispuso su bloqueo en la Argentina tras denuncias realizadas por empresas audiovisuales. Estas acusaciones señalaron que la aplicación transmitía sin autorización películas, series y eventos deportivos, vulnerando derechos de autor.
El trasfondo de esta medida también tiene un componente político. Según trascendió, el bloqueo se enmarca en un reciente entendimiento entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump, orientado a reforzar la protección de la propiedad intelectual como parte de la agenda bilateral. Estados Unidos habría incorporado más de 100 reclamos vinculados a derechos de autor durante las negociaciones.
El objetivo de estos acuerdos es que la Argentina adopte mecanismos de disuasión más eficaces, tanto en el ámbito civil como penal, para frenar el negocio millonario de la piratería audiovisual. En este contexto, todo indica que el 2026 estará marcado por mayores controles y restricciones en materia de contenidos digitales.
