El empresario de Villa Mercedes Christian Becher quedó detenido con prisión preventiva por 60 días en el marco de la investigación por el presunto desvío de fondos públicos del Molino Fénix y la Casa de la Música. El juez de Garantía N.º 4, Santiago Ortiz, ratificó los cargos por asociación ilícita y fraude a la administración pública, en carácter de partícipe necesario.
Con esta resolución, Becher pasa a integrar el grupo de personas imputadas en una causa que investiga una presunta estructura destinada al desvío y canalización de fondos públicos durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. La investigación ya había alcanzado a la exlegisladora Anabela Lucero, su pareja y diputado Joaquín Beltrán, además de otros exfuncionarios vinculados al Molino Fénix y la Casa de la Música.
Según la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, Lucero y Beltrán habrían ocupado un rol de conducción dentro de la organización investigada, mientras que Becher habría cumplido una función considerada necesaria para canalizar el dinero mediante empresas y documentación cuestionada. La Fiscalía sostiene que los fondos públicos eran extraídos mediante la acreditación de gastos por servicios que serían inexistentes y posteriormente canalizados a través de distintas operaciones.
La investigación también analiza los vínculos políticos y administrativos existentes durante la gestión de Rodríguez Saá. Algunas publicaciones periodísticas han señalado vínculos de Lucero con el exgobernador y con su entorno político, aunque esas interpretaciones forman parte del contexto político de la causa y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad.
Durante la audiencia, el fiscal José Olguín sostuvo que Becher habría sido un “partícipe necesario” para concretar la maniobra investigada. Según la Fiscalía, habría utilizado empresas bajo su control para facilitar facturación y documentación destinada a justificar gastos que no se habrían realizado, y habría intervenido posteriormente en el cobro de cheques vinculados con esas operaciones.
La Fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva y argumentó la existencia de riesgos procesales, especialmente por la posibilidad de interferencia sobre testigos y la necesidad de concluir peritajes financieros. El juez hizo lugar parcialmente al pedido y estableció la prisión preventiva por 60 días.
La defensa cuestionó la legalidad de la detención y solicitó medidas alternativas, entre ellas la prisión domiciliaria. El tratamiento de este último pedido quedó para una próxima audiencia, mientras continúa la investigación penal preparatoria.
La causa permanece en etapa de investigación y la responsabilidad penal de los imputados deberá ser determinada por la Justicia.
