El jefe de la Policía en el momento de la muerte hoy es candidato a diputado provincial por el partido del exgobernador.
Mientras tanto, un comisario, un subcomisario y dos agentes están imputados como coautores, pero permanecen en libertad.
La familia, sigue exigiendo Justicia.
A 5 años y 1 mes de la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida en la comisaría del Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara, en plena pandemia, el pedido de justicia sigue sin respuesta. Un comisario, un subcomisario y dos agentes están procesados como coautores, pero continúan en libertad. Mientras tanto, las señales del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá siguen apuntando al encubrimiento y la provocación.
Florencia salió de su casa el 5 de abril de 2020, supuestamente por violar la cuarentena. Terminó muerta, ahorcada con el cordón de una prenda, en una celda policial. La versión oficial habló de suicidio, pero la segunda autopsia, realizada por la médica forense Virginia Creimer, reveló la existencia de lesiones premortem y la desaparición inexplicable de órganos del cuerpo. La carátula del caso pasó de “suicidio” a “averiguación de muerte”, y luego, en 2023, a “torturas agravadas por el resultado muerte”.
Los cuatro procesados —Reynaldo Clavero, Marcos Ontiveros, Eugenia Argüello y Victoria Torres— enfrentan cargos graves, pero siguen sin ir a juicio. Sus defensas apelaron el fallo de la Cámara de Apelaciones de Villa Mercedes y el expediente hoy duerme en el Superior Tribunal de Justicia.
Para Celeste Morales, hermana de la víctima, el crimen no fue sólo policial. “Fueron todos partícipes necesarios: policía, fiscalía, defensor, juez y forense también”. Celeste peleó sola, perdió su trabajo y nunca fue recibida por ningún funcionario. “El gobernador jamás nos recibió”, denunció con dolor, haciendo mención a Rodríguez Saá.
Pero la indignación escaló aún más en los últimos días. El exgobernador Alberto Rodríguez Saá, lejos de asumir responsabilidad institucional, redobló la apuesta: puso como candidato a diputado provincial al cuestionado exjefe de Policía Darío Neira, quien representará su espacio político en las elecciones del próximo 11 de mayo. Neira no es un nombre menor: estaba al mando de la fuerza durante la desaparición de Guadalupe Lucero y durante la muerte del joven villamercedino Franco Maranguello en una comisaría durante la pandemia.
El mensaje es claro y brutal por parte de los hoy devenidos en opositores a la gestión del actual gobernador Claudio Poggi, la impunidad sobre sus responsabilidades se doblega con candidaturas para quienes debieron responder ante la Justicia y hacerse cargo de situaciones que marco una etapa “negra” en la historia del país y de San Luis.
