La causa judicial que investiga a la ex secretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, por presuntos delitos contra la administración pública, sumó un nuevo capítulo luego de la suspensión de la audiencia de control de acusación, prevista inicialmente para este martes pasado.
La defensa de Ramírez, a través del abogado Ramiro Rubio y respaldada por un certificado médico, solicitó la reprogramación de la audiencia para el 29 de mayo a las 9:00. En un primer momento, la jueza de Garantía N°4, Natalia Belén Lazarte Otero, aceptó el pedido. Sin embargo, la Fiscalía de Estado, a través de un recurso de revocatoria, cuestionó la decisión al considerar que “carece de sustento objetivo” y que “lesiona principios procesales esenciales como la celeridad, continuidad del proceso y buena fe procesal”.
El jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, calificó de insuficiente la presentación de un certificado médico unilateral. Señaló que la presencia de Ramírez no era obligatoria, ya que sus abogados podían representarla, y cuestionó que el documento se haya fechado el 30 de abril pero presentado un día antes de la audiencia. “Este tipo de resoluciones colaboran con el entorpecimiento de las investigaciones procesales, especialmente en causas por corrupción”, sostuvo.
Frente al recurso, la jueza revocó su decisión y ordenó realizar la audiencia este martes con la participación virtual de la imputada. Sin embargo, minutos antes del inicio, y tras una nueva presentación de la defensa, Lazarte Otero suspendió nuevamente la instancia judicial y dio intervención al Tribunal de Impugnaciones.
La situación generó un fuerte rechazo por parte del fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, quien denunció “graves irregularidades procesales” y presentó un recurso para que se fije una nueva fecha. En su escrito, el fiscal aseguró que la magistrada “se apartó notoriamente de los principios procesales que rigen el sistema acusatorio” y cuestionó que se haya otorgado efecto suspensivo a una apelación que, según su interpretación, debía ser rechazada “in limine”.
La audiencia de control de acusación es una instancia clave del proceso, ya que allí se prevé que el fiscal confirme los cargos contra Ramírez y solicite la elevación a juicio. La ex funcionaria está imputada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública.
La causa se originó por el presunto pago de un sobreprecio superior a los $175 millones en la compra de un colectivo para el club San Luis Fútbol Club. En el expediente también aparece mencionado el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá. Incluso, el pasado 6 de marzo, durante un acto político en Buena Esperanza, el ex mandatario afirmó públicamente: “Fue una decisión de la gobernación. Si quieren procesar, procesen al gobernador. No se metan con los funcionarios, me hago cargo”.
Por otro lado, la defensa de Ramírez también está a cargo del abogado Marcos Juárez, quien recientemente fue noticia tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de una condena en su contra por cohecho, dictada en 2016. Juárez fue condenado a dos años y medio de prisión condicional e inhabilitación para ejercer la abogacía por el mismo período. A pesar del fallo, el Colegio de Abogados de San Luis indicó que aún no ha recibido notificación formal, por lo que el letrado continúa habilitado para ejercer y podría participar en la próxima audiencia.
